La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aumentó el miércoles a 264 el número de muertes en Nicaragua en el contexto de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, iniciadas el pasado 18 de abril.

"De conformidad con el registro de la CIDH desde el comienzo de la represión de las protestas sociales, hasta la fecha 264 personas habrían perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado heridas", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, al informar al consejo permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua.

Hasta ahora, la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), había dado cuenta de 212 muertos y 1.337 heridos en el marco de las manifestaciones.

En su informe este miércoles, Abrao dijo que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI, creado por la CIDH en Managua el 24 de junio con el fin de aplicar sus recomendaciones para terminar con la violencia), sumó 52 fallecidos y múltiples heridos "en el contexto de represión actual".

"El MESENI observó con preocupación una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora, así como contra quienes se encuentran en los tranques y/o barricadas en forma de protesta y contra quienes colaboran de cualquier forma con ésta, incluyendo familiares y vecinos", dijo Abrao.

Desde el estallido de las protestas, la CIDH detectó en Nicaragua "un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias", reiteró Abrao.

Agregó además que la CIDH ha encontrado "una nueva modalidad de represión" vinculada a la toma de tierras por parte de grupos organizados, que invaden propiedad privada para intimidar a la población.

Otro informe presentado esta mañana por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) indica que en ese país han muerto 352 personas y más de 2,000 han resultado heridas durante las manifestaciones antigubernamentales. Entre los muertos, aseguran, hay cinco menores de tres años de edad, dos entre 7 y 11 años y 20 entre los 12 y 17 años, haciendo un total de 27 menores asesinados.

Además, la ANPDH afirma que 329 ciudadanos han sido secuestrados por grupos paramilitares, de los cuales 261 siguen desaparecidos.